A estas alturas de la historia de la humanidad, ya no es necesario demostrar que muchas leyes han sido tiránicas, dictatoriales y abiertamente injustas. Sin retrotraernos a tiempos muy lejanos, baste recordar los regímenes de Stalin, Hitler, Sadam Hussein o cualquiera de los sátrapas actuales de África. Podrían recordarse incluso leyes que, pese a ser aprobadas por parlamentos democráticos, avergüenzan la inteligencia y el progreso social. Tal es el caso de la esclavitud, vigente en Estados Unidos e Inglaterra hasta fechas muy recientes.
Todos estos ejemplos ponen de manifiesto que una ley civil no tiene rango de tal por el mero hecho de que sea promulgada por la autoridad del momento. Ni siquiera de una autoridad elegida democráticamente. Imaginemos que un parlamento democrático restaurase costumbres tan crueles como los sacrificios humanos o la clasificación social de las personas, que admitía el Senado del Imperio Romano, de modo que unos fuesen esclavos sin ningún tipo de derechos, y otros ciudadanos libres y de mucha más categoría que los esclavos. Además de caer en un anacronismo histórico de gran bulto, invadiría un terreno que pertenece a otra instancia superior, a saber: la naturaleza de la persona humana, que hace iguales en dignidad a todos, con independencia de su estatus social, cultural, étnico o religioso.
Hay realidades, en efecto que son pre-políticas, es decir, anteriores y superiores a toda autoridad humana. Y, por ello, de rango superior a las decisiones de los legisladores. La consecuencia más radical es que pueden existir leyes que no sean tales, leyes aparentes, no reales, por más que se aprueben en un Parlamento o aparezcan en las páginas de un Boletín Oficial del Estado.
Quiéranlo o no los relativistas y positivistas, los derechos humanos emergen de nuestra dignidad intrínseca como personas, no de concesiones graciosas del Estado. Si hubiere leyes que violasen derechos fundamentales de la persona humana no serían leyes ni tendrían carácter vinculante. Más aún, habría que oponerse a ellas y luchar con medios legítimos para su erradicación.
Si no queremos llevar a la humanidad a situaciones de barbarie ya superadas, es preciso que los legisladores humanos respeten y promuevan al máximo la dignidad de todas las personas humanas, sean del color étnico, religioso o político que sean. Si por ser legal fuese moral, podríamos llegar a aberraciones absolutamente monstruosas.
Los legisladores no son señores de la vida o de la muerte de las personas, ni de los derechos que éstas tienen por ser personas. Por otra parte, viendo cuál ha sido el final de algunos dirigentes políticos del máximo rango en su nación, deberían ser conscientes que el campo no admite puertas y que todas las presas construidas con el fin de impedir que los ríos vayan al mar, terminarán siendo barridas por las aguas de la dignidad de las personas, injusta y ficticiamente detenidas. La demagogia y el populismo tienen las piernas cortas y enfermas.
La sociedad ha de ser muy celosa para proteger y salvaguardar sus derechos. Y ser muy consciente de que no es ella la que está al servicio de la clase política, mediática o económica, sino que éstas están a su servicio. Así mismo, es muy sano que las instituciones intermedias ejerzan como tales. Pienso, por ejemplo, en la familia, en los sindicatos, en las asociaciones culturales, vecinales y religiosas. Es lo que se designa con el nombre de subsidiariedad. En cualquier caso, la sociedad no puede dejar de controlar a la autoridad civil para impedir que ésta invada su terreno.
A nadie se le oculta que esta reflexión no es un juego dialéctico sino una invitación a tomar más conciencia de lo que actualmente sucede con reiterada frecuencia. Es mejor prevenir que curar.
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Por Monseñor Francisco Gil Hellín, arzobispo de Burgos (España)
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